En enero de 2023 las cinco mayores economías de América Latina contaban con gobiernos que se reconocían como progresistas o de izquierda. En varios de estos países los gobiernos de izquierda eran un resultado reciente después de un largo periodo en el que se ejecutó la agenda del Consenso Washington y un proyecto de transformación de la economía y la sociedad definido como neoliberalismo. En Brasil, apenas el 1 de enero Luiz Inácio Lula da Silva tomó posesión como presidente, dejando atrás cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, que fue calificado ampliamente como ultraderechista. En Colombia la continuidad de los gobiernos que llevaban a cabo las denominadas reformas estructurales no se afectó, no obstante la permanencia de conflictos político-militares. En México, la aplicación del ajuste estructural y todo el programa de reformas realizado en el marco del Consenso de Washington se inicia desde finales de los años ochenta del siglo pasado y se mantiene hasta el final del gobierno de Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2018. En varios de estos países se tienen en esos años crisis bancarias, en el mercado de valores o en el mercado de cambios que adquieren una dimensión internacional. La recurrencia de estos procesos es una característica de la ejecución de las reformas estructurales, que se acompañan de recesiones económicas de diversa significación y del mantenimiento de una notable desigualdad social.

El antecedente de continuas crisis financieras y de una notable desigualdad social no es obstáculo para que el mapa de la región tenga cambios en pocos meses que dan cuenta de la continua disputa por el poder que se abrió con la emergencia de los gobiernos progresistas desde hace años. En Argentina, en diciembre de 2023, se inicia un gobierno que desde el primer día realiza un programa económico de ajuste radical. Sostiene que todos los problemas de la economía se deben al déficit fiscal y que la única solución es ejecutar lo que denomina un plan de estabilización de shock que comprende una política monetaria, fiscal y cambiaria que toma forma en el decreto intitulado Bases para la reconstrucción de la economía argentina, que intenta imponer con base en la figura de Necesidad y Urgencia.

A la fecha es amplia la protesta social contra las medidas del gobierno de Javier Milei, y de su parte se multiplica el uso del recurso de la fuerza para enfrentarla. Entre las medidas que intenta establecer, prepara un decreto para habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior con el pretexto de enfrentar agresiones de organizaciones terroristas. En el campo de la política económica, el gobierno argentino cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha señalado, por medio de su portavoz: “El personal técnico del FMI respalda las medidas anunciadas hoy [12 de diciembre de 2023] por el nuevo ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo. Estas fuertes acciones iniciales apuntan a mejorar significativamente las finanzas públicas de una manera que proteja a los más vulnerables de la sociedad y a fortalecer el régimen cambiario”. Más recientemente, el directorio ejecutivo del FMI aprobó el desembolso de 4.700 millones de dólares para apoyar los esfuerzos del gobierno de Milei para restablecer la estabilidad macroeconómica.   

Desde hace décadas son los términos de referencia constantes del FMI para calificar las acciones realizadas por los gobiernos de la región al aplicar las medidas contenidas en los programas de ajuste estructural y explicar sus propias acciones. Otros organismos financieros y económicos multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo también utilizan consideraciones semejantes para relacionarse con los países de la región, defendiendo por estos medios este tipo de propuestas, con el argumento de que son necesarias para avanzar en el crecimiento económico. Las propuestas de política económica y las medidas ejecutadas para garantizar su realización defendidas por estas organizaciones son parte de una disputa presente en toda la región y que con diverso alcance se materializa en la actividad política y marca los contenidos de la política económica. Su acción se suma a la de otros actores sociales que defienden el mismo proyecto en cada uno de los países de la región. Entre sus consecuencias destaca que hasta la fecha no se ha logrado el crecimiento económico sostenido, pero sí han sido un factor que genera dificultades en la ejecución de las propuestas de cambio que llevan adelante los gobiernos progresistas. En Ecuador, el resultado de la elección presidencial extraordinaria implicó continuidad con las propuestas de política económica inscritas en el ámbito de las reformas estructurales. Por otra parte, en Guatemala fue posible el inicio del gobierno de Arévalo en medio de disputas contantes con órganos del poder judicial y diversos sectores políticos de la derecha de ese país. 

Al recorrer toda la geografía del subcontinente se observa que en los países en que existen gobiernos que se definen como progresistas o de izquierda la conducción política y la realización de la política económica tiene una oposición constante con diverso peso. Un ejemplo destacado es el curso del gobierno de Chile, que no tuvo la capacidad de lograr la aprobación de una nueva Constitución que se distanciara de la aprobada en el gobierno de Augusto Pinochet, pero tampoco una reforma fiscal presentada como necesaria para poder realizar varias de las medidas de política económica que son parte de la propuesta de transformación que defiende. Sin embargo, el mayor punto de discrepancia está entre los contenidos de la política monetaria conducida por los bancos centrales y gran parte del resto de la política económica que impulsan estos gobiernos.

El contexto general en que predomina la política monetaria es de un débil crecimiento encabezado por las principales economías avanzadas. Como prioridad se postula el combate a la inflación, considerando que se trata, ante todo y fundamentalmente, de un fenómeno monetario. Un exceso de oferta monetaria o de crédito o de gasto público están en su origen, y ante ello el recurso es el alza de las tasas de interés de referencia. Los comunicados de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra señalan que las tasas de interés se mantendrán en los niveles altos que tienen desde hace meses e incluso no descartan nuevas alzas, principalmente debido a que no se observa una debilidad relevante y sostenida en los mercados laborales.

En América Latina los directorios de los bancos centrales, incluidos los países que cuentan con gobiernos progresistas, comparten la misma opinión. Se acepta el argumento monetarista, generando dificultades adicionales para avanzar en el crecimiento de las economías y aún mayores para ejecutar políticas económicas que reduzcan la desigualdad social e impulsen el desarrollo. Los medios de financiamiento de las actividades económicas en la región son sometidos a una suerte de restricción externa en tanto no se cuenta con capacidad para controlar los movimientos internacionales de capital por las reglas establecidas en los propios países de la región. Es una disputa de gran significación que tiene como escenario el propio espacio del Estado e impacta notablemente en el curso general de la política económica y del proyecto de cambio que estos gobiernos llevan adelante. La dificultad mayor se da en el terreno de la inversión y su necesario incremento para hacer posible el crecimiento sostenido compatible con las tareas del desarrollo.